Rev. Fuent. Cong. v.3 n.5 La Paz dic. 2009 ®download el artículo en el formato PDF

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INVESTIGACIÓN

LA JUNTA DE TEMPORALIDADES DE CÓRDOBA: FERNANDO FABRO Y EL COLEGIO MÁXIMO

Nancy Elizabeth Juncos (*)

“La venganza de Carlos III quedó cumplida... Los bienes de los jesuitas
 sujetos a la codicia  de  los particulares encargados de su administración,
a los  administradores por lo general... hasta faltos de  probidad muy a menudo”.⁽¹⁾

Resumen

El objetivo general de este trabajo radica en analizar y valorar la gestión de las Temporalidades de Córdoba, teniendo en cuenta la actuación de Fernando Fabro, como comisionado a cargo de la administración de los bienes jesuíticos durante el periodo comprendido entre 1767 y 1770. Fernando Fabro estuvo a cargo del proceso de incautación y enajenación de los bienes pertenecientes al Colegio Máximo de Córdoba, determinado por negligencia, impericia y los intereses que acompañaron a la expulsión.

<FERNANDO FABRO> <MISIONES JESUITICAS EN ARGENTINA> <RAMO DE TEMPORALIDADES><EXPULSION DE JESUITAS EN ARGENTINA>

Summary

This paper analyzing and valuing the management of the Temporalidades of Cordova, considering the performance of Fernando Fabro, like commissioner in charge of the administration of the jesuits goods during the period between 1767 and 1770. Fernando Fabro was in charge of the process of seizure and distraction of the goods pertaining to the Maximum School of Cordova, determined by negligence, inexperience and the interests that accompanied the expulsion.

<FERNANDO FABRO> <JESUITICAS MISSIONS IN ARGENTINA> <TEMPORALIDADES BRANCH> <EXPULSION OF JESUITS IN ARGENTINA>

ARCHIVOS CONSULTADOS

• Archivo General e Histórico de la Universidad Nacional de Córdoba. (AGHUNC)
• Archivo General de la Nación (AGN)
• Archivo Histórico Provincia de Córdoba (AHPC)
• Archivo Histórico Municipalidad de Córdoba (AHMC)
• Archivo de Indias (AI)
• Archivo de Simancas (AS)
• Archivo Nacional de Madrid (ANM)
• Archivo Nacional de Chile (ANCH)
• Biblioteca Nacional de Madrid (BNM)

La Orden de Ignacio de Loyola surge en un contexto en el que se producían profundas transformaciones en todos los aspectos de la vida, fundamentalmente en el religioso, nos situamos así en el siglo XVI, donde la Iglesia tiene como objetivo su reorganización y moralización.

El fundador de la Compañía fue Ignacio López de Loyola, hombre vasco, de familia acomodada, nacido en Loyola (Guipúzcoa) en 1491, bajo el nombre  de Iñigo de Recalde, de educación elemental pero con una sólida base religiosa. En su juventud tuvo una intensa actividad militar y cortesana, hasta que en 1521 su vida toma un giro vertiginoso al ser herido por tropas francesas en Pamplona, una larga convalecencia lo llevó a la lectura de obras como “Flos Santorum”,  “Vita  Christi” de Rodolfo de Sajonia y “De imitatione Christi” de Thomas Kempis, lecturas que influirían decisivamente en él, que se entregó a un cambio de pensamiento y a una vida prudente.

Se hizo llamar el Caballero de Cristo en el momento que formó una verdadera organización  misionera e intelectual acompañada de adictos y detractores.

Esta organización, a modo de una compañía militar por sus reglas, se expandió por el mundo entero, lo  que no  simpatizó a quienes pugnaban por tener ingerencia en asuntos que a los Ignacianos le llegaban de manera inesperada como es el caso del acceso al confesionario real, lugar por demás importante ya que ofrecía no sólo jerarquía sino también la posibilidad de interferir en los asuntos políticos y en las disposiciones reales.

Por otro lado el compromiso educativo y el espíritu misionero, característica monopolizante de la orden, no tenían limites extendiéndose por Francia, España, Portugal, China, las Indias, inmiscuyéndose incluso en los problemas locales, como fue el relacionado con el conflicto planteado en las misiones americanas con Portugal, esto les trajo aparejados aún más enemigos a su accionar, pues Portugal se sumaba con su ministro, el marqués de Pombal como principal enemigo de la orden. De esta manera, y en forma indirecta, se iba realizando la expulsión “de todos los dominios”, los antecedentes los hacían a boca de cañón para poner en marcha aquella acción que de otra manera no se hubiera materializado.

Por un lado, el regalismo, en la cúspide, no podía permitir su invasión ni siquiera ser observado, “los representantes de Dios” no estaban dispuestos a ceder en su ideología, la cual se veía amenazada por la Orden Ignaciana, debido a su cuarto voto, el de obediencia al Papa. Por otro lado, un sector de la Iglesia había ya cuestionado los métodos de evangelización, esto, sumado a las acusaciones de los jansenistas sobre que la Orden se apartaba de los preceptos de pobreza², entre otros,  hacia crecer más aún las tensiones.

La iglesia ya no era un problema para Carlos III ya que, al estar dividida, la decisión real tendría todavía más fuerza, gracias a los antecedentes portugueses de expulsión y persecución que ya tenían los Jesuitas, por haber sido acusados de crear el clima necesario para atentar contra José I. Determinada su traición, la Orden fue definitivamente expulsada, “de todos mis dominios”, los cuales incluían a América, y allí se encontraba la provincia Jesuítica del Paraguay, cuya cabecera será Córdoba del Tucumán.

La expulsión  se presentó como una afirmación del poder de la corona frente a la Iglesia, para lograr la sumisión absoluta de ésta al poder civil y poner definitivamente al regalismo en la cúspide.

Sin lugar a dudas la importancia que adquirió la Orden en esta parte de la América hispana fue de relevancia; su producción, su enseñanza y su espíritu encontraban el lugar exacto para desenvolverse, airosos luego de superar algunos tropiezos con los encomenderos o algunas ordenes como los dominicos, la población de esta tierra agradecida fue adhiriéndose a su pensamiento de manera  decidida, encargándoles la educación de sus hijos.

Llegado el momento de la expulsión de esta parte del continente, Francisco  Bucarelli y Ursúa gobernador por entonces  de Buenos Aires, tuvo la ardua tarea de diseñarla para su gozo, mientras otros respiraban soledad y añoraban las costumbres ignacianas, algunos procuraban distribuirse el “tesoro Jesuítico”.

La administración de los bienes temporales de los jesuitas no estuvo planificada tan prolijamente como su expulsión, lo que llevo a  que cada Comisionado tuviera  que improvisar mucho,  atendiendo a las circunstancias de cada  caso.

La Junta de Temporalidades, creada con posterioridad al Consejo Extraordinario, estaba estrictamente reglamentada  y tenía fines determinados. En 1769 se crean las Juntas Municipales y Provinciales con el objeto de administrar los bienes jesuíticos en el ámbito local, ya que hasta ese momento su administración había estado a cargo de comisionados ocasionales sin lograr  los réditos esperados.

La actuación de las Juntas Municipales fue muy importante, pues tenían el manejo directo de todos los bienes que habían pertenecido a los jesuitas, aunque el desempeño no se puede calificar de exitoso. Sin embargo, hay estudios que se inclinan por afirmar que no todos los niveles  de la administración han corrido igual suerte teniendo en cuenta que era una administración vasta, compleja y sujeta a intereses encontrados, para los que no siempre acertaron ni las disposiciones reales ni los ejecutores encargados  de cumplir  el cometido que se les había asignado³.

LA ADMINISTRACIÓN DE LAS TEMPORALIDADES DE CÓRDOBA DEL TUCUMÁN Y EL ACCIONAR DE FERNANDO FABRO

El 12 de julio de 1767, Don Fernando Fabro, Sargento Mayor del Batallón de Caballería de la reina, llegado tiempo antes a América en busca de nuevas aventuras, fue designado por el Gobernador de Buenos Aires para  expulsar a la Orden ignaciana y administrar sus bienes.

Fernando Fabro, con la promesa de ser nombrado Teniente del rey, cargo que se encontraba vacante en el Cabildo de Córdoba,  tomó por asalto el Colegio y Convictorio de Córdoba. Decía Efraín U. Bichoff (JHPC): “en aquella Córdoba de pupilas asombradas [...] hubo quienes se regodeaban por dentro. Y en lugar de salir  aguerridamente en defensa [...] no pocos prefirieron ayudarlos a morir”, y los ignacianos partieron al exilio, desolados, sin resistencia; se expulsaría “a los jesuitas pero no al Jesuitismo”.

En este contexto ingresa Don Fernando Fabro a la vida cordobesa, no fue  un administrador cuidadoso y diligente, pero no fue  el único, tampoco los hubo después de Fernando Fabro, pues “eran aves de rapiña” y así  actuaron,  unos con más astucia que otros, pero todos pendientes del  provecho que pudieran sacar de la tarea encomendada el rey Carlos III.

Hasta el mismo Dalmacio Vélez, defensor fiscal de las Temporalidades,  pidió en pago por su labor realizada “inconclusa” parte de las tierras aparentemente invendibles de la estancia de San Ignacio en Calamuchita, la única sin necesidad de tajamar por tener un río caudaloso de aguas cristalinas y tierras productivas.

El propio José Luís Cabral, al frente de las Temporalidades de Córdoba durante los pedidos de informes a Fernando Fabro, estandarte de la moralidad en oposición al ex administrador, toma para sí algunos esclavos “inservibles” como se los calificó en su remate, pero era salvable la duda porque se “pagó mas de lo que valían”, sin embargo su administración, según Domingo Ignacio León, Teniente del Rey suspendido del Cabildo de Córdoba para ubicar por entonces a Fernando Fabro, sería cuestionable.

Todos tenían algún interés o motivo, si bien el tener un interés no manifiesto no los hacia ni más ni menos probos, sí los hacia más o menos corruptibles a la hora de buscar pruebas en contra del ex ejecutor Fernando Fabro y más aún al desempeñarse al frente de la Junta de Temporalidades. 

La actuación del comisionado-ejecutor, fue difusa y complicada, pero resultó provechosa para quienes actuaron en él y más aún con él.

Sabemos que la  mayor parte de la riqueza espiritual de los jesuitas no solo la transmitía su espíritu de Caballeros de Cristo,  la transmitían sus libros, su enseñanza, en definitiva su legado, pero a la hora de hablar de la riqueza material, ésta no sólo estaba en las propiedades urbanas o rurales, sino en sus altares y allí se desvió la vista de quienes acusaban la falta de libros, nadie hizo alusión a las donaciones en calidad de depósito que se realizaron a la Iglesia del Pilar de donde Fernando Fabro, que era Hermano Mayor⁴, nadie dudó de lo bien que estaba proveer a la Catedral de la ciudad de todo lo necesario para su ornamentación o los altares portátiles que se llevaron a Río Cuarto, a El Tío o a Capilla de San Javier. Lo cierto es que, después de la expulsión y realizado el inventario, se repartieron varias de las reliquias de los Jesuitas.

A mediados de 1769 fueron enviados por Fernando Fabro a Buenos Aires, a través de Agustín Pequera, diversos objetos de oro y plata que habían sido  destinados al culto en las iglesias jesuíticas⁵. Entre otras entregas “a pedido”, podríamos mencionar a  los  padres de las distintas órdenes y hasta al propio Obispo.

Don Fernando Fabro,  hombre inteligente, astuto e impredecible, había logrado posicionarse entre las familias más influyentes de la ciudad y la campaña, y se las ingenió para distender sus respuestas a las demandas de la Junta de Temporalidades, se hizo ver hasta como ingenuo frente a Juan José Vértiz. Solicitándole quedarse en Córdoba para aclarar su accionar, se acogió a la compasión para no estar prisionero en un sólo lugar, su habitación en el hoy Colegio Nacional de Monserrat, y poder movilizar todas sus armas, emitió certificados avalados por quienes habían actuado en su gestión, puso fiadores, reconocidos “socios” de su negocio, supo desviar las miradas a sus soldados, para pasar inadvertido por la ciudad.

De esta inteligencia no estuvieron a salvo ni el culto ni la botica ni los esclavos, ni siquiera el colegio Máximo, que fue prácticamente destruido entre las acciones de los soldados que querían cobrar sus salarios y la de aquellos que se dedicaron a despojarlo de las maravillas que la ciudad reclamaba: libros, relojes, medicinas, recetas, telas, etc.

Las estancias no escaparon a este panorama de rapiña y pésima administración y  terminaron siendo vendidas  a las familias ligadas a los círculos del poder a precios viles.

La primera administración seria tan negativa como mágica, todo desaparecía y nadie daba respuesta, así tenemos el caso más gráfico como para situarnos: “la herrería”,  la  más grande de la región, terminó convirtiéndose para 1769 en un mero taller de aprendiz, sólo con algunos punzones y martillos.

El Sargento Mayor de Caballería, Fernando Fabro, fue acusado de sustracción de bienes temporales entre otros hechos,  en complicidad de Diego de las Casas, caso que se ventiló en la Audiencia de la Plata por una denuncia efectuada el 19 de agosto de 1769 por Juan Antonio de la Barcena, de los cuales saldría airoso, conforme pasaron las distintas administraciones. En 1773 el conde de Aranda le autoriza a viajar a España pero se queda en Córdoba a demostrar su aparente  inocencia.

Sin embargo, poco tiempo después, aprovechando la ineficacia y lentitud de las investigaciones y al ver que éstas se dilataban en favor del comisionado, Fernando Fabro decide partir a Cádiz y cuando por fin el nuevo Gobernador Intendente de Córdoba, el Marqués Rafael de Sobremonte, decide investigarlo, rehúsa volver, eludiendo así todo tipo de condena.

Los bienes jesuíticos desaparecieron con poco provecho para el Estado, que en un primer momento había decidido destinarlos a la enseñanza y obras pías⁶, a instancias de la rapacidad de los administradores siendo, por entonces, gobernador del Tucumán, Juan Manuel Campero, el mayor usufructuador en Córdoba, como lo fue Francisco de Paula Bucarelli y Ursúa, gobernador de Buenos Aires⁷. Otros bienes fueron adquiridos por particulares, a tasaciones ínfimas, convirtiéndose en la base de grandes fortunas que se consrvarían incluso hasta nuestros días.

Así, conforme iban pasando los años, estos sucesos se fueron borrando de la memoria, a pesar de que el 16 de enero de 1785, la nueva autoridad que presidía la Junta Provincial de Temporalidades eleva un extenso informe “sobre el estado de las Temporalidades de Córdoba” para sumarlo al estado general y tener una noción exacta de la situación económica⁸. Desde Córdoba, entonces, se remite la extensa “Relación para la inteligencia del Plan, que se ha de formar del actual estado de las Temporalidades de esta Ciudad de Córdoba en  Abril de 1785”.

En 1787 el Rey activa la investigación, pero ni siquiera el Defensor  de Temporalidades Dalmacio Vélez concluye su actuación. Fue tal el olvido que Don Fernando Fabro terminó siendo absuelto, ya que no se haría presente para responder por su actuación. Todo, incluso su nombre, quedaría en el olvido.

CONCLUSIÓN

La corrupción, entendida como negligencia, impericia, mal desempeño y abuso de poder, estuvo presente en los vicios que claramente se manifiestan en los inventarios y tasaciones, en el actuar de sus comisionados y en la malversación de los caudales públicos, particularmente en el periodo comprendido entre 1767 y 1769, donde el desequilibrio económico es tan grande que resulta imposible su recuperación posterior.

La responsabilidad no fue sólo de Fernando Fabro, sino de todos los que participaron durante su actuación y con posterioridad a la misma, de aquellos que recordaron lo aberrante que era ver como se dilapidaba el “tesoro Jesuítico”, como también de los que tomaban provecho del mismo simulando no saber nada.

Arrascaetas, Allende, Uriarte, el mismo Aldao o quizás Díaz, comprador de la estancia Santa Catalina, la Hermandad del Pilar, el Obispo, todos participaron en el despilfarro, ayudando al comisionado a ser ejecutor de los intereses de cada uno de ellos en detrimento de los fines que perseguía la corona, evidenciando así que  las reglas de la época no las marcaba el derecho sino el poder, mas gráfico que la composición del Cabildo imposible: ¿cuándo el Cabildo comenzó a alzar la voz?, cuando la administración era tan escueta que nada podía encubrirla, únicamente otro representante menos evidente y más inteligente.

Pero no lo hubo…

(*) Docente de la Universidad Nacional de Córdoba

NOTAS

1. Busaniche, José Luis, (1969): “Historia Argentina”, Solar, Buenos Aires.

2. Recordemos que a los jesuitas a diferencia de  otras órdenes mendicantes, no  se les exigía el voto de pobreza, por lo cual los religiosos jesuitas se hallaban en condiciones de testar, de preservar el patrimonio familiar, de aumentar el prestigio de la “casa” y protegerla; lo mismo podría decirse con respecto a los clérigos que integraban el clero secular. Eran estas motivaciones habituales que llevaban a que los hijos primogénitos fueran en más de un caso destinados a iniciar una carrera eclesiástica. Ver en Miranda Lida, (2003): “Gregorio Funes y las iglesias rioplatenses, del Antiguo Régimen a la Revolución”, Tesis defendida y aprobada el 28 de octubre de 2003, en la Universidad Torcuato Di Tella.

3. Maeder, Ernesto J. A., (2001): “Los bienes de los Jesuitas: destino y administración de las temporalidades en el Río de la Plata 1767 – 1813”, CONICET, Resistencia, Pág. 11.

4. Archivo General e Histórico Universidad Nacional de Córdoba, (en adelante A.G.H.U.N.C.), 1776”Temporalidades de Córdoba. (1770-6)” (.A la Iglesia del Pilar se le dieron numerosos bienes de  culto en calidad de depósito, inclusive  se cree que la Virgen del Pilar que se encuentra en la misma actualmente, pertenecía a la Orden Jesuítica. Posiblemente la tomó Fabro a los Jesuitas, de acuerdo al informe del 22-4-1771)

5. A.G.H.U.N.C., Temporalidades de Córdoba, 1771, Caja 1, Leg. 2.

6. A pesar de que se pretende en un primer momento ese destino, en su mayoría, los bienes temporales pasarían  a solventar los gastos propios de  la Corona Española.

7. Hernández, Pablo S. J., 1908“El extrañamiento de los jesuitas del Río de la Plata y de las misiones del Paraguay por decreto de Carlos III”, Colección de libros y documentos referentes a la historia de América, Madrid, Pág.  269.

8. Archivo  General de la Nación., 1785,  S. IX – 21 – 10 – 3.

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